En estas épocas donde los mercados e industrias evolucionan a un ritmo acelerado producto de la pandemia, los cambios en el comportamiento de las compañías son cada vez más evidentes. Por lo cual, un tema importante a evaluar es el buen gobierno corporativo.
En el caso de los integrantes de grupos económicos, compete una especial supervisión al tratamiento de las operaciones con partes vinculadas, ya que las mismas se encuentran enmarcadas dentro del régimen de precios de transferencia.
Ya hace varios años la OCDE y el G20 vienen dando una serie de guías y buenas prácticas de gobierno corporativo para que los reguladores de cada país lo incorporen en su legislación, con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. Otro de los objetivos del buen gobierno corporativo es propiciar un ambiente de transparencia y confianza dentro del sector privado, y de esa manera favorecer las inversiones y el crecimiento orgánico de las compañías.
En el Perú, las buenas prácticas de gobierno corporativo se encuentran recogidas en el “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), así como en los “Lineamientos para el Índice de Buen Gobierno Corporativo” de la Bolsa de Valores de Lima.
Las principales recomendaciones para las operaciones con partes vinculadas incluyen los siguientes aspectos:
- Implementar políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de operaciones con partes vinculadas.
- Definir que áreas de la compañía serán las encargadas de la valoración, aprobación y revelación de operaciones con partes vinculadas.
- Revelar las relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, que los accionistas, directores o alta gerencia mantienen entre ellos, con la compañía, proveedores o clientes y otros grupos de interés.
- Evaluar la intervención de asesores externos independientes para la valoración de operaciones de especial relevancia o complejidad.
- Evaluar la fijación de limites para operaciones con partes vinculadas.
- Implementar mecanismos para la supervisión del cumplimiento de las políticas de precios de transferencia.
Implementar y poner en práctica estas recomendaciones permitirá evitar futuras disputas entre los stakeholders por operaciones con partes vinculadas que no estén acorde con la generación de valor para la compañía, así como reducir el riesgo de ajustes en la base impositiva producto de verificaciones de la Autoridad Tributaria.
